jueves, 25 de abril de 2013

Los trabajadores son las víctimas de un Holocausto Sanitario promovido por grandes capitales financieros para obtener ganancia

Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la saturación del mercado de la vivienda, los capitales que dependían de este ramo han tenido que buscar otras esferas de inversión donde obtener ganancia, orientándose masivamente hacia los sectores de la salud, de la educación y de las pensiones públicas (en el presente artículo sólo nos referimos a la salud). Como consecuencia de la presión de estos capitales, el 25 de abril de 1997, gobernando el PP en minoría, el Congreso de los diputados aprobó la "ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) " con el apoyo de los grupos del PP, PSOE, PNV, CiU y CC,  y la congratulación de CC.OO. Esta ley proporciona la cobertura legal que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios públicos. Bajo su amparo, el presidente de la Comunidad de Madrid confirmaba el pasado mes de noviembre de 2012 que entregaría a empresas privadas la gestión sanitaria de los seis hospitales semiprivados (o de gestión mixta) abiertos en 2008 en la Comunidad de Madrid. Se trata de los hospitales Infanta Leonor de Vallekas, Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina de Parla, del Henares en Coslada, del Sureste en Arganda del Rey y del Tajo en Aranjuez. El caso de Vallekas es doblemente sangriento porque a la privatización del hospital Infanta Leonor se añaden, además, las privatizaciones de los centros de especialidades Vicente Soldevilla y Federica Montseny. Para el final de 2013 el gobierno regional pretende privatizar la gestión del 10% de los más de 400 centros sanitarios de la comunidad.
Los responsables políticos que están impulsando la privatización de la sanidad pública justifican dicha privatización recurriendo a criterios de sostenibilidad y eficiencia, por lo cual, en muchas ocasiones el discurso de los trabajadores se limita a desmentir esas afirmaciones. Ciertamente es dificil comprender cómo es posible ahorrar añadiendo intermediarios o incrementar la eficiencia de los servicios médicos subordinando su acceso a criterios de rentabilidad, sin embargo, al desmontar estas razones simplemente se está diciendo que puesto que la privatización supondrá un coste superior para obtener peores resultados, la misma no se hace con vistas al ahorro y a la eficiencia (como alegan sus promotores), pero con ello no se revela la causa oculta que motiva este proceso. Se señala cuál no es la razón de la privatización, pero no se descubren sus motivos reales. Esta causa profunda de la privatización de la sanidad se explica a partir de la Ley del Descenso Tendencial de la Tasa de Ganancia (LDTTG). La LDTTG se define en la contradicción, inherente a la producción capitalista, de que el necesario incremento de la productividad por medio de la mecanización en un marco en el que el reparto de los productos del trabajo se realiza mediante la competencia de los capitales en el mercado, provoca dificultades crecientes en la realización de la ganancia. Que la caida de la tasa de ganancia tenga un estatus "tendencial" quiere decir que se puede recurrir a factores contrarrestantes que pueden evitar momentaneamente su caída efectiva, factores que pasan siempre por convertir, directa o indirectamente, los salarios de los trabajadores en ganancias privadas de los capitalistas. La mercantilización de espacios de actividad pública es uno de esos factores contrarrestantes con los que se combate la caída efectiva de la tasa de ganancia que se manifiesta como crisis de sobreproducción. Y eso es precisamente lo que ha hecho el capital financiero dependiente del sector inmobiliario al saturarse el mercado de la vivienda, es decir, se ha desplazado al ámbito de la salud y de la educación para evitar convertirse por el momento en una sobreoferta de capital en préstamo respecto a la posibilidad de su valorización. Por decirlo de un modo más gráfico, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el capital en préstamo (o capital financiero) ha encontrado el modo de valorizarse sustiyuyendo las antiguas hipotecas por los seguros de salud, los créditos estudiantiles y los fondos de pensiones. Por eso la gestión de los centros sanitarios le está siendo entregada a grupos de empresas privadas compuestos en gran medida por constructoras y grupos especulativo-financieros. El Grupo CAPIO (o IDC Salud) y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud, ambos mezclados con grupos financiero-especulativos, son los dos grandes monopolios entre los que se reparte la gestión privada de la sanidad pública.
     -CAPIO: El 80% de este grupo pertenece a CVC Capital Parters, un fondo de riesgo británico.
    -Ribera Salud: UTE en el que constructoras como ACS-Dragados y Lubasa aparecen junto a cajas de ahorros como Bankia, la CAM y Bancaja, y junto a aseguradoras privadas como Adeslas y Sanitas.

La clase obrera es inhebitablemente el sector más perjudicado por estos factores contrarrestantes de la caída de la ganancia que encuentran su expresión concreta en la universalización de las políticas de ajuste permanente del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no son en su conjunto más que el abaratamiento del costo directo o indirecto de la fuerza de trabajo (el salario del que depende por entero la vida de los trabajadores). La repercusión de estas políticas en Vallekas y en el resto de barrios con una población mayoritariamente obrera es equivalente a la de una matanza. La privatización del hospital Infanta Leonor y de los centros de especialidades Vicente Soldevilla y Federica Montseny convierte de nuevo a los vallekanos y a la población trabajadora en victimas de los intereses imperialistas de los grandes capitales financieros. Aunque cabría pensar que gracias a los vertiginosos avances científicos y técnicos las condiciones de vida de la población habrían mejorado, lo cierto es que hay una distancia creciente entre las posibilidades materiales de la humanidad y las condiciones reales de vida de la mayor parte de la población mundial. Prueba de ello es que un país como Cuba, que padece un bloqueo comercial internacional, es capaz de sostener un servicio universal eficaz de salud y educación hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta el sistema de salud cubano como modelo a seguir. Debe ser bochornoso para el Régimen español explicar que lo que ellos presentan sistemáticamente como un país tercermundista sea capaz de garantizar el acceso universal a unos sistemas de salud y de educación de una enorme calidad ante el que las dictaduras burguesas se declaran insolventes y restringen su acceso tan sólo a aquellos que puedan pagar su precio. Lo que distingue a la República de Cuba de las dictaduras capitalistas, y convierte al sistema de salud cubano en un modelo que debe inspirar al resto de paises, no son los avances científicos y técnicos por sí mismos, sino la inmediata incorporación de estos avances en la sociedad, materializando con ello las posibilidades que abren estos avances en un desarrollo real de las condiciones de vida de la mayor parte de la población.

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