lunes, 22 de julio de 2013

Un país para comérselo

El término "corrupción" se refiere a las prácticas de los funcionarios públicos que utilizan los medios y funciones de las instituciones públicas del estado en su propio beneficio y no en beneficio del interés general.  Según datos de eleconomista.es, 300 imputados por corrupción están siendo despachados a día de hoy en los tribunales del Régimen por casos que suman una cantidad de 1200 millones de euros malversados (536 millones de euros fueron las partidas destinadas a sanidad en los Presupuestos Generales del Estado de 2012): el PP acumula 144 casos bajo investigación, seguido por los 112 que reune el PSOE, los 10 de CiU e IU, los 7 del PNV, y los 6 de Coalición Canaria y Unió Mallorquina. La mayor parte de las corruptelas se quedan en el ámbito municipal, pero no son pocos los procesos que han comprometido a los gobiernos de las comunidades autónomas y a las altas instituciones del Régimen, como el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, el caso de los ERE irregulares del PSOE en Andalucía, el caso de la financiación irregular de CiU a través del Palau de la Música, o el caso Nóos que salpica de lleno a la Casa Real. Pues bien, lo que convierte al caso de los sobresueldos en negro del PP y al caso Bárcenas en procesos típicamente escandalosos es que comprometen al actual presidente del gobierno de un país, Mariano Rajoy, y a la dirección del PP en el gobierno en estos procesos de podredumbre política, es decir, que delatan la utilización que el gobierno ha hecho en beneficio de sus intereses particulares de las máximas instituciones del estado orientadas a garantizar la igualdad mediante las leyes (interés público). Este acontecimiento evidentemente deslegitima totalmente al gobierno en su conjunto y en democracia debería ser inmediatamente juzgado y destituido puesto que nadie debe obediencia a los usurpadores de la soberanía nacional: ¿Con qué autoridad puede hablar este gobierno de apretarse el cinturón o de decretar subida de impuestos, recortar los presupuestos públicos o, simplemente de adjudicar obras públicas cuando el conjunto de su plana mayor recibe dinero no declarado por parte de ciertas empresas privadas para legislar según sus conveniencias?
Bajo ninguna circustancia puede pensarse que este es el resultado de la eficacia de las instituciones de justicia del Régimen, entre otras cosas porque una gran parte de estos sucesos de corrupción se han extendido con total impunidad durante casí dos décadas. En este sentido cabría pensar más bien en una tolerancia sistemática y en una flexibilidad penal para con los grandes defraudadores. Que en un momento de crisis estén estallando todos los escándalos de corrupción arriba mencionados se debe principalmente a las disputas que mantienen los distintos grupos económicos por acaparar espacios de rentabilidad, de los que las luchas internas de los partidos políticos y las luchas interpartidistas no son más que una expresión de esas disputas económicas.

Fuentes:
Un país para corruptos: 300 casos y 1200 millones de euros perdidos- eleconomista.es

Rajoy cobró 1,58 millones domo sobresueldos del PP en 16 años- hoy.es

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