Las necesidades de rentabilidad del capital consolidan unas condiciones laborales draconianas en la minería del carbón

El pasado día 20 de febrero de 2013 los sesenta trabajadores de la explotación minera de Cerredo iniciaron una huelga indefinida en protesta y solidaridad por los 169 trabajadores de las mina de Cerredo y Tormaleo incluidos en el expediente de extinción presentado por la empresa propietaria de ambas explotaciones Coto Minero Cantábrico (CMC). El despido de los 169 trabajadores de CMC se hace efectivo el 8 de marzo y coincide con el despido de 58 de los 77 empleados de la mina de Pilotuerto, propiedad de Unión Minera del Norte S.A (UMINSA). El 14 de marzo, cuando los trabajadores de Cerredo cumplen su tercera semana de huelga, los sindicatos mineros anuncian la convocatoria de huelga general indefinida en las empresas de CMC y UMINSA del empresario industrial Victorino Alonso, y llaman a todos los trabajadores de la minería del carbón a secundarla. 

 

I. El horizonte reconvertido de los Planes del carbón y su efectiva realización parcial como desmantelamiento de la minería del carbón. 

Las líneas estructurales tanto del "Plan 1998-2005 de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras" como del "Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras" se levantan sobre la doble finalidad de la reestrucuración-desmantelamiento progresiva del sector de la minería del carbón hasta 2018 y su correlativa sustitución por un plan de reactivación económica de las comarcas mineras. Ambos planes establecen una serie de partidas (ayudas públicas) para favorecer los proyectos de reestructuración económica de las cuencas mineras que se proponen.

La puesta en escena de los planes del carbón comienza con la reducción de la producción de carbón que planteaba el Plan del carbón 1998-2005 -de 18 millones de toneladas en 1997 a 12 en 2004- el número de trabajadores de la mina había descendido desde los 22.800 en 1997 hasta los 14.500 en 2004, que considerado desde el marco más amplio que abarca desde 1991 hasta 2007 se integra en el total de 48.000 despidos de este periodo. El desmantelamiento de la minería del carbón ha sido intenso, pero no puede hablarse de una reestructuración efectiva del sector porque las alternativas para regenerar la actividad económica de las comarcas mineras, sin embargo, continuan sin diseñarse.

II. El Conflicto.

El conflicto actual estalla cuando el gobierno presenta su proyecto de ley para los presupuestos generales del estado de 2012 donde, apremiado por la reducción de la deuda pública, propone una reducción del 64% en las partidas orientadas a favorecer el cumplimiento del Plan del carbón configurando con ello el escenario del terror: este recorte presupuestario condena al sector al cierre inmediato, lo que implicaría a su vez dejar sin trabajo a los 8.000 trabajadores de la minería y a las más de 200.000 personas que dependen directamente de este sector.  Esta "perspectiva de futuro", inscrita en el marco general arriba descrito, motivó las grandes movilizaciones que se sucedieron durante el verano de 2012 y las que desde el pasado día 20 de febrero se extienden de nuevo por las cuencas mineras.

III. El Chantaje.

El pasado día 23 de marzo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio modificaba el el conocido como decreto del carbón que regula la producción del mineral, con el objetivo de fijar entregas mensuales de carbón a las empresas eléctricas asegurando así el consumo constante de carbón para evitar los parones en las explotaciones mineras.

El 7 de marzo de 2013 Victorino Alonso solicita ante el juez el preconcurso de acreedores para sus dos princiàles compañías, CMC y UMINSA. Al conocer la modificación del decreto del carbón dice replantearse el futuro del pozo de Cerredo, pero advierte que si bien esta medida era una condición necesaria para aliviar la crítica situación del sector, no es, por ella misma, una condición suficiente para garantizar la rentabilidad de la apertura de la mina, que pasarian, además, por el pago de las ayudas que el estado tiene retenidas y por un drástico endurecimiento de las condiciones laborales. De cumplirse estas tres condiciones, Alonso no sólo abriría la mina de Cerredo, sino que además estaría dispuesto a reincorporar a sus 169 trabajadores despedidos, e incluso extender la explotación más allá de 2018.

IV. Los trabajadores de la mina.

El futuro de los mineros está ligado de manera inevitable a la mina, motivo por el que hasta aquí se ha tratado de describir de un modo muy general la situación actual de la minería del carbón en relación con su desarrollo en los últimos 22 años. De este modo el futuro de los mineros se les presenta en la disyuntiva del desempleo o de aceptar las draconianas condiciones laborales que, como propietario de las compañías mineras, impone Victorino Alonso. Estas condiciones son las mismas que ya anunció hace un año y que desencadenaron las movilizaciones del sector durante el pasado verano de 2012: i)hasta un 40% de reducción de los salarios, ii)el aumento de la jornada laboral hasta las 10 horas por día de trabajo, iii)supresión del tiempo de almuerzo, iv)supresión del tiempo de transporte de las instalaciones mineras hasta la explotación donde se desarrolla el trabajo, y v)supresión del vale del carbón (ayudas por cargas excepcionales).

V. Opiniones comunes y punto de encuentro para los mineros y la clase trabajadora en su conjunto.

Una opinión suficientemente asentada como para mirar incluso con cierta complicidad la precarización de las condiciones de los trabajadores de la minería es la del irremediable desaparición a la que parece estar condenado el sector de la minería del carbón, ya sea -arguyen- por el alto precio que le cuesta al estado su sostenibilidad, o bien porque es carbón de baja calidad, o ambas. Aun suponiendo que estas opiniones fuesen el problema esencial de la minería del carbón, en este caso los mineros no están en desacuerdo con iniciar una reestructuración del sector y transformar la vida económica de las comarcas mineras, contra lo que se movilizan es contra el desmantelamiento unilateral de la minería del carbón sin un proyecto de reactivación económica correlativo para las comarcas mineras. Pero la firmeza de estas opiniones tan difundidas, por lo que hemos visto hasta aquí es, como poco, parcialmente cuestionable, ya que por una parte, que el carbón no sea de primera calidad no quiere decir que sea de "mala calidad" o inutilizable, y por otra, la sostenibilidad de este sector puede garantizarse a traves de la intervención del estado regulando la producción y su distribución dentro del territorio nacional.

Sin embargo, por lo expuesto hasta ahora, se puede hablar del conflicto de la minería como una expresión de las contradicciones crecientes inherentes al capitalismo contenidas en las exigencias crecientes de rentabilidad a costa del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores: la necesidad creciente de rentabilizar el capital invertido es la causa profunda que motiva lo que no es más que una reconversión industrial de las cuencas mineras (y no una reestructuración de la actividad económica) para reestablecer las condiciones de la rentabilidad privada en la minería del carbón a partir de la destrucción económica de miles de puestos de trabajo, de una gran parte de los salarios y de las condiciones de seguridad laboral de los mineros.

Fuente:
http://www.deaceboyjara.com/2013/03/23/mineriadraconianas-condicione-laborales-en-cerredo-y-cierre-en-pilotuerto/

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/21184