El gobierno no negociará la ILP con los terroristas

Desde que en 2011 ganara las elecciones, el nuevo ejecutivo ha ido trazando de forma imprecisa las lineas generales de su política jurídico-represiva hasta que finalmente el pasado lunes 25 de marzo la delegada de gobierno presentó en RNE el proyecto ya acabado y en sintonía tanto con las políticas de recortes sociales, como con los planes represivo-policiales del gobierno comprendidos en el incremento de un 1700% en el gasto de material antidisturbio para 2013. La tesis central consiste en concebir todas las estructuras, asociaciones y personas afectadas por los desahucios y los recortes como conformadoras de una única y compleja organización que se denomina ETA.

El pasado lunes 25 de marzo en una entrevista concedida a RNE la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, vinculaba a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con ETA. Lo más lejos que podría conducirnos la pretensión de comprender esta declaración por sí misma es al descubrimiento de que con ella no se intenta más que desviar la atención de la publicación de las enmiendas del PP a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), enmiendas que al no permitir la dación en pago con caracter retroactivo, ni la paralización de los desahucios, ni la supresión de deudas impagables, suponen el aniquilamiento de la ILP. Por el contrario, considerar estas declaraciones de la delegada del gobierno en línea de continuidad con los 27 vallekanos detenidos como resultado de las intervenciones policiales que desde el pasado mes de septiembre viene desarrollando el gobierno en el barrio obrero de Vallekas, nos facultaría además para interpretar la vinculación PAH-ETA como una forma concreta de criminalizar a los movimientos sociales que se integra como el último y más acabado episodio de una estrategia represivo-judicial que pretende extender la aplicación del delito de pertenencia a banda armada a conductas tradicionales de los movimientos sociales no tipificadas como delito.

Con la criminalización de la PAH a través de su vinculación con ETA el gobierno persigue el doble objetivo de 1)deslegitimar a esta asociación como interlocutor legítimo en el debate sobre las enmiendas presentadas a la ILP, pues es de sobra conocido que nuestro gobierno no negocia con los terroristas ni con su entorno, y 2)proceder a detener a muchas más personas que de otra forma no podrían haberse detenido con la finalidad última de debilitar a la plataforma hasta su completa desarticulación.

Con todo lo dicho hasta ahora se pretende llamar la atención sobre una más que probable sistematización de incriminaciones de conductas violentas hacia la PAH, de identificaciones y de registros apoyados en la campaña de que cualquier persona relacionada con la PAH es susceptible de pertenecer a ETA, con los que vamos a asistir en las próximas semanas a la configuración de un escenario desde el que proceder de forma arbitraria a la detención masiva de miembros de la plataforma.Y de la ILP ni hablamos.